De acuerdo con la Sección Instructora, a partir de la notificación, el gobernador cuenta con un plazo de 7 días naturales para que manifieste por escrito lo que a su derecho y defensa convenga.
“En una democracia de leyes, la fabricación de delitos contra adversarios es simplemente inadmisible. Una traición a la confianza de la gente”, respondió el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca al ser notificado ayer por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, la solicitud de declaración de procedencia en su contra por los presuntos delitos de corrupción y delincuencia organizada.
El acuerdo de la Sección Instructora radica en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021; la solicitud fue presentada y ratificada por el Titular y Fiscales de la Unidad Especializada en la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Alteración y Falsificación de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).
Al conocer de la resolución, el mandatario tamaulipeco fijó su posición a través de un comunicado que hizo público y en el que asegura que los hechos que motivan la solicitud se circunscriben a un “supuesto impago de contribuciones fiscales”.
Explicó que ello fue derivado de la venta de un departamento, cuya propiedad había sido previamente reportada tanto en sus declaraciones patrimoniales, como las de su esposa a finales de 2019.
En cuanto a los presuntos delitos que le imputa la FGR, el gobernador dejó en claro que “la imputación de lavado de dinero proviene de que el dinero de la venta del departamento fue canalizado a través del sistema financiero, mientras que la presunta comisión del delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de mi familia”.
Adelantó que todas estas acusaciones serán cabalmente desmentidas durante los procedimientos y dijo que extrañamente, en la solicitud presentada por el Ministerio Público, se insertan “suposiciones y especulaciones” contenidas en otras denuncias que nada tienen que ver con las conclusiones que, para efectos del desafuero, se someten a consideración de la Cámara de Diputados.
En el comunicado que compartió en sus redes sociales, Francisco García Cabeza de Vaca destacó que la solicitud no comprende un solo elemento o evidencia que conduzca a afirmar que la investigación en curso esté relacionada o proceda de la actuación de agencias de Estados Unidos.
“A diferencia de lo que se ha especulado, en ningún momento se me imputan delitos relacionados con contrabando de combustibles (huachicol), narcotráfico, colaboración con el crimen organizado o cualquier otro similar o equivalente”.
García Cabeza de Vaca recordó que, desde las primeras filtraciones sobre supuestas investigaciones en su contra o de su familia, solicitó comparecer para responder a cada una de las imputaciones realizadas por los denunciantes y reprochó que en ningún momento “se me concedió ese derecho, como sí ha sucedido en otros casos”.
El mandatario tamaulipeco reiteró su disposición a aclarar, en el marco de la ley y del debido proceso, las sospechas que se han sembrado en su contra, con propósitos políticos y electorales.
De acuerdo con la Sección Instructora, a partir de la notificación, el gobernador cuenta con un plazo de siete días naturales para que manifieste por escrito lo que a su derecho y defensa convenga